Defraudaciones eléctricas en Comunidades de Propietarios

Un hecho más frecuente de lo que nos imaginamos es el “enganche ilegal” del suministro de electricidad en los edificios en régimen de comunidad de propietarios.

Ya estamos más o menos acostumbrados a los “pinchazos” en las viviendas ocupadas, donde el usuario engancha su suministro a la acometida de la compañía eléctrica, pero no es menos frecuente el supuesto del vecino que se “engancha” a una línea o servicio de la Comunidad de propietarios disfrutando del servicio a coste “0€”, omitiendo el registro de consumo por contador.

Este comportamiento está tipificado en el Artículo 255 del código Penal, sancionando como delito el hecho de utilizar energía eléctrica ajena, valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, o empleando cualquier medio clandestino.

La redacción del código penal sanciona AL QUE UTILICE la energía eléctrica por esos medios, (sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 13 de diciembre de 2016), de manera que no es preciso que haya sido el autor de la manipulación, bastará con que se beneficie de ello, con conocimiento, (se puede presumir tal conocimiento por el simple hecho de disfrutar del servicio eléctrico sin recibir factura por ello, o anormalmente baja como para llamarle la atención que se le facturara menos consumo de electricidad que el realmente realizado: Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila 1ª de 19 de enero de 2017).

La jurisprudencia es muy variada al respecto y frente a sentencias como la de la AP de Tarragona de 25/11/2013 que exige para que haya condena por defraudar el suministro a la Comunidad de propietarios, la utilización de medios clandestinos y que se acredite un beneficio económico del acusado y un correlativo perjuicio para la Comunidad; coexiste la de la AP de Zaragoza que confirma la condena por estar acreditado que el acusado disfrutaba de suministro eléctrico y no tenía contrato, y finalmente la de la AP de Toledo de 8 de julio de 2014 que señala que no existiendo certeza de la autoría no es suficiente determinarla en base a que la inquilina era la beneficiaria de los enganches ilegales.

Las soluciones desde nuestro punto de vista ante estos supuestos pasan por acreditar el hecho defraudatorio, mediante el levantamiento de un acta notarial, continuar con un requerimiento al ocupante del inmueble, requerirle de pago del consumo realizado y finalmente, si concurren los requisitos señalados anteriormente, formular la correspondiente denuncia. En ocasiones resulta incluso necesaria la elaboración de un dictamen pericial que explique cómo funciona el “enganche” y que acredite la existencia de tensión o corriente en el mismo.

Todo ello sin olvidar la acción que tienen las comunidades de propietarios al amparo de los artículos 7 y 9 de acudir a la vía judicial para exigir el cese de la actividad ilícita, previo requerimiento y acuerdo expreso de la Junta de propietarios.