Derecho al honor, intimidad y propia imagen en relación con los medios de comunicación

En primer lugar, para poder desarrollar correctamente la exposición de estos derechos, debemos dejar claro que están claramente diferenciados y que gozan de plena autonomía entre sí. Esta independencia, ampliamente desarrollada por la Jurisprudencia y la Doctrina, permite desgranar las particularidades de cada uno de ellos individualmente. La conjunción de estos derechos radica en que todos son inherentes a la personalidad, es decir, son derechos subjetivos, absolutos, privados y extra-patrimoniales y los posee toda persona por el mero hecho de serlo. Estos derechos se reconocen en el artículo 18.1CE y se regulan por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Derecho al honor: Tiene una doble dimensión, objetiva y subjetiva, si bien en el ámbito de protección constitucional y jurisdiccional se extiende verdaderamente, no a la autoestima, consideración propia o idea que uno tiene de sí mismo (inmanencia), sino a la reputación, heteroestima o consideración que de uno tienen los demás (trascendencia o valoración social), siendo esta la parte que más puede afectar a quien ha visto vulnerado su derecho, toda vez que es una parte más objetiva y que provoca mayores daños, al ser una pluralidad de personas quienes perciben la consideración externa que manifiesta el afectado y la que propiamente se proyecta hacia sí mismo.

El derecho realmente protege que “los demás” realicen juicios de valor sobre su persona.

Derecho a la intimidad: El objetivo de este derecho no es otro que garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona frente a la acción y conocimiento de los demás, de tal suerte que se atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar, frente a su divulgación por terceros y a la publicidad no querida, evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada.

La STS de 1 de marzo de 2010 indica que el derecho a la intimidad “necesariamente ha de tenerse en cuenta que conforma un patrimonio personal y que abarca lo que entra en el propio ámbito y hace necesario relacionar la cuestión con lo que constituye el espacio vital de cada uno, sometido a su exclusivo poder y que se proyecta sobre el concepto impreciso de lo que integra su círculo reservado e íntimo” (…) “imponiendo a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en esa esfera y la prohibición de hacer uso de los conocido, salvo justificación legal o consentimiento del afectado”.

Este derecho es una condición imprescindible para una mínima calidad de vida, especialmente en momentos en los que los avances tecnológicos facilitan extraordinariamente las intromisiones sin conocimiento del titular, y también una garantía del desarrollo de la personalidad de cada uno en su relación con los semejantes. Se protege así el derecho de la persona a llevar su propia existencia como ella entienda, con el mínimo de interferencias exteriores, imponiendo a los demás el deber de abstenerse de intromisiones en ese espacio de publicidad.

Derecho a la propia imagen: Está dirigido a proteger la dimensión moral de las personas y se caracteriza porque atribuye a su titular la facultad de determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personas que pueden tener difusión pública, y la correlativa de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad. La imagen representa la consideración de primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. Para apreciar la existencia de intromisión ilegítima basta el mero hecho de ser divulgada la imagen sin su consentimiento y fuera de las excepciones que contempla la ley, aunque la imagen no sea deshonrosa ni ofensiva, y aunque tampoco ponga en conocimiento público datos íntimos. La STS de 1 de marzo de 2010 declara que “la imagen, tal y como ha definido la jurisprudencia, en la Sentencia de 26 de febrero de 2009, es la representación gráfica de la figura humana visible y recognoscible, mediante un procedimiento mecánico o técnico de reproducción, destacando los dos aspectos de facultad exclusiva del interesado a difundirla o publicarla y el de evitar su reproducción sin su consentimiento, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 del mismo texto legal”.

Este derecho acoge tanto una esfera positiva –posibilidad de permitir la representación de la imagen- como una esfera negativa –posibilidad de prohibir la representación de la imagen- y así también acoge dos vertientes de protección, una puramente constitucional y otra esencialmente patrimonial –desarrollada necesariamente por la comercialización de la imagen y que se encuentra regulada de manera independiente en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo-. Debiendo ser las particularidades del derecho a la propia imagen objeto de un estudio independiente dada su extensión.

Tras realizar el análisis individualizado de los derechos inherentes a la personalidad, parece necesario ponerlos en relación con los medios de comunicación, pues en un mundo globalizado, que cada vez requiere de más contenidos audiovisuales, la tecnología permite que cualquier persona acceda a la totalidad de los contenidos publicados y emitidos, no sólo a través de las páginas web de los propios medios, sino también a través de otras plataformas –Youtube- o aplicaciones que permiten la transferencia inmediata de datos –WhatsApp-. El aspecto relativo a la facilidad para acceder a las imágenes tiene especial relevancia para determinar la indemnización, toda vez que el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo establece que “La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”.

Ahora bien, debe valorarse la posible colisión entre los derechos ya analizados con aquél los que protegen la labor de los medios de comunicación y que son el derecho a la libertad de expresión y de información. Esta valoración deberá ejercerse siempre desde una óptima de ponderación de los derechos, determinando cuál prevalece en cada caso concreto, examinando la intensidad y trascendencia de cada derecho, a fin de elaborar una regla que priorice un derecho sobre otro y permita resolver el caso.

El juicio de ponderación pretende que ante la colisión entre derechos se examine la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado y así elaborar la regla que de preferencia a uno frente al otro.

A pesar de que debemos remitirnos a cada caso concreto –P.j.: en casos de menores la técnica de ponderación es diferente- se pueden indicar con claridad cuáles son los pasos necesarios para realizar con éxito el juicio de ponderación:

1º.- Peso en abstracto: Para garantizar que se forma una opinión pública libre se reconoce mayor peso en abstracto a las libertades de expresión e información sobre el honor, propia imagen e intimidad.

2º.- Peso en concreto: Supone relacionar el paso de los derechos para cada caso. A modo de ejemplo, cuando la colisión se produce con el derecho a la libertad de información debe analizarse la relevancia pública de la información, la veracidad de la misma y que no tenga carácter injurioso. Cuando la colisión se produce con la libertad de información no es necesario que concúrrala veracidad de la misma.

Otras dos de las principales características que deberían tenerse en cuenta a la hora de analizar si ha existido o no colisión de derechos es la accesoriedad de la imagen (si aparece con carácter secundario y no tiene relevancia) y si es un reportaje neutral (en el que las imágenes por sí solas son noticia y el medio informativo es un mero transmisor).

Para los casos de menores las reglas de ponderación son diferentes, siendo más sensibles a la protección del menor, resultando irrelevante incluso que exista consentimiento por parte de los progenitores o tutores.