Ejecución administrativa de créditos contra la masa en la liquidación de entidades concursadas

La reciente Doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, EDJ 2014/228367 establece que la ADMINISTRACION NO TIENE PRIVILEGIO PARA COBRAR LOS CREDITOS CONTRA LA MASA EN LOS CONCURSOS EN FASE DE LIQUIDACION.

Las ejecuciones de acciones ejecutivas o administrativas, frente a los bienes del deudor concursado, incluso cuando se ha entrado en la fase de liquidación del concurso corresponden en exclusiva al Juez del Concurso, según se viene regulando en el artículo 8.3 y 4 de la LC.

Es muy habitual que las administraciones públicas y concretamente la TGSS, pongan en marcha la maquinaria administrativa de ejecución singular por deudas del concursado y concretamente por deudas nacidas tras la declaración del concurso como son las nacidas por cuotas devengadas por salarios de los trabajadores durante la tramitación del concurso y que tienen la condición de créditos contra la masa, igual ocurre con los impuestos (generalmente IVA) devengados mientras la concursada mantiene su actividad.

Al abrirse la fase de la liquidación, se ha venido interpretando que el artículo 84.4 de la LC permitía iniciar la ejecución singular de estos organismos poniendo en marcha la maquinaria de los apremios y ejecuciones administrativas.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, EDJ 2014/228367, ha venido a fijar doctrina poniendo fin a los desmanes administrativos.

Las Administraciones NO PUEDEN poner a funcionar la maquinaria de apremio y ejecución administrativa, para cobrar los créditos contra la masa devengados durante la tramitación del concurso frente a empresas concursadas dentro de la fase de liquidación.

La competencia EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE del Juez del Concurso hace que esta norma (art. 84.4 LC), así como la interpretación conjunta de la Ley concursal y del principio “par condicio creditorum” destierre este privilegio administrativo, manteniéndose la prioridad de los principios básicos que conforman el concurso de acreedores: la afectación de todos los activos de la concursada al plan de liquidación y la vinculación de todos los acreedores al concurso y al orden de pagos legalmente establecido y determinado por la administración concursal.

El plan de liquidación aprobado mediante auto por el Juez de lo mercantil es la única guía de la liquidación del concurso y no puede alterarse por la actuación unilateral de la Administración en el ejercicio de sus privilegios, pues la administración también tiene que someterse a la Ley y a la Jurisdicción del Juzgado mercantil.

Esta restricción o sometimiento solo tiene como excepción la de aquellos supuestos que la propia Ley ha admitido, dentro del propio art. 55 LC EDL 2003/29207, en relación con los procedimientos de apremio administrativos o las ejecuciones laborales en los que ya se hubiera embargo algún bien concreto y determinado, pero únicamente respecto de estos bienes concretos y determinados ya embargados antes de la declaración de concurso.

El supuesto que estudia la sentencia comentada se concreta a la actuación del Juzgado de lo mercantil de Sevilla que conoció, en primera instancia, de un incidente planteado por la administración concursal frente a la actuación de la TGSS, y en su sentencia declaró que gozaba (el Juzgado de lo mercantil) de jurisdicción y competencia exclusiva para conocer de la ejecución de los bienes del concursado que se lleva a cabo mediante la liquidación concursal, que es la única admisible en derecho. Después rechazó que, abierta la liquidación, pueda existir una ejecución posterior administrativa o judicial por créditos contra la masa. También declaró que todos los activos de la concursada están afectados al plan de liquidación, y la vinculación al mismo de todos los acreedores, incluida la TGSS, así como al orden de pagos legalmente establecido, a determinar por la administración concursal, y en consecuencia, ordenó el alzamiento de los embargos acordados por la TGSS en relación con los créditos contra la masa que la TGSS tenga reconocidos o por reconocer en el concurso de acreedores, con devolución a la masa de las cantidades que, en su caso, ya hubiera obtenido de su ejecución, sin que sea admisible que la ejecución separada prevista en el art. 84.4 LC EDL 2003/29207 constituya una excepción legal a la prohibición de ejecuciones prevista en el art. 55 LC, ni contravenga el art. 154 LC.

En conclusión, el Tribunal Supremo ha sentado la doctrina que dispone que la regla jurídica contenida en el precepto, ya sea en su redacción originaria ( art. 154.4 LC), ya lo sea en la actual ( art. 84.4 LC), precisa una interpretación sistemática con el resto de los preceptos de la Ley Concursal y « declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la patrimonio del deudor ». Con ello se pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva del principio de la par condicio creditorum.