La nueva protección legal otorgada a la realidad de la acción voluntaria

La nueva ley trata de dar respuesta a la verdadera situación del voluntariado actual, habida cuenta que la ley anterior –vigente desde 1996- se ha visto desbordada, pues no alcanzaba a dar respuesta a la configuración y dimensiones de esta figura.

La anterior legislación cercaba la acción voluntaria al tercer sector, pero la actual ley da cobertura a la acción voluntaria sin adjetivos, permitiendo que pueda promoverse en las empresas, las universidades o las administraciones públicas.

Se pretende dar cobertura a aquellas personas que realizan acciones de voluntariado concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas globales o a largo plazo, posibilitando su realización a distancia.

Esta apertura del voluntariado a todo tipo de agrupación también conlleva un riesgo, su abuso. No es desconocido que a través de la figura del voluntariado se han escondido verdaderos empleados, quienes perdiendo toda garantía laboral y de Seguridad Social han desempeñado un trabajo idéntico al de un asalariado, eso sí, sin cobrar y sin cotizar. A veces se ha pretendido esconder la retribución a los voluntarios a través de la compensación de sus gastos propios.

La presente ley excluye de su ámbito de aplicación los trabajos de colaboración social, las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación, las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas externas. Con la ampliación de las excepciones la ley pretende dar respuesta al abuso de esta figura y prueba de ello es que se impide que la acción voluntaria sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado, con independencia de la modalidad contractual utilizada.

Con la intención de proteger a las personas destinatarias del voluntariado la norma prevé una serie de requisitos que han de cumplirse para ser voluntario, por ejemplo, no haber sido condenados por sentencia firma por un delito contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores y, en otros casos, tampoco podrán aquéllos que hayan cometido delitos especialmente graves.

Resulta especialmente relevante determinar que la presente ley será aplicable a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito supraautonómico o estatal.

La definición que ofrecía la anterior normativa al concepto de voluntariado se ha visto modificada, incluyendo que la actividad voluntaria deberá ser desarrollada a través de entidades de voluntariado, por lo que la nueva legislación entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, que tengan carácter solidario, su realización sea libre y sin obligación personal, sin contraprestación económica o material y desarrolladas a través de entidades de voluntariado.

Con esta nueva regulación se protege a los voluntarios del mal uso de la citada figura, toda vez que al exigir que la actuación sea realizada a través de entidades de voluntariado obliga a éstas a cumplir con los requisitos del artículo 13 de la Ley, siendo estos:

Estar inscritos en los Registros competentes de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la UE.

Carecer de ánimo de lucro.

Contar con voluntarios, sin perjuicio de personas de estructura asalariado.

Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado.

Ahora bien, a priori, resulta contradictorio el espíritu de la norma cuando hace referencia al ámbito empresarial y universitario y es que hay que acudir a los artículos 21 y 22 para encontrar el desarrollo de la promoción del voluntariado en dichos campos.

En el ámbito empresarial se podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general o se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación del voluntariado y respeten los principios de la acción voluntaria.

Respecto a la universidad, quizás la parte más relevante resulta la posibilidad que se otorga a estas instituciones para que puedan suscribir convenios de colaboración con las Administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados.

Las entidades de voluntariado que cuenten con voluntarios deberán adaptarse a la presente normativa en el plazo de un año desde su entrada en vigor -16 de octubre de 2016-.