La nueva reforma de la parte general y especial del Código Penal

El próximo 1 de julio entrará en vigor la reforma del Código Penal, la trigésima desde que entrara en vigor en 1995, creando un nuevo periodo de inseguridad jurídica. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo establece una nueva regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, introduce la prisión permanente revisable y se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, ampliando los marcos penológicos de los mismos. También elimina las faltas (que significaban una gran carga de trabajo), pasando a ser delitos menos graves y prevé el decomiso, una figura creada para garantizar que se depuren las responsabilidades pecuniarias.

Es innegable que la reforma, que podrá ser más o menos acertada, es utilizada como una solución política a los últimos acontecimientos que han conmocionado a la opinión pública (entre ellos el de Marta del Castillo).

Prisión permanente revisable:

Es probablemente la modificación más significativa del Código Penal. A partir del 1 de julio de 2015 será posible condenar a alguien a pasar el resto de sus días en prisión, ahora bien, esta pena sólo se prevé para supuestos de excepcional gravedad como son los asesinatos cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable (140.1.1ª); Cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual (art. 140.1.2ª); En los múltiples (art. 140.2) y en los cometidos por miembros de una organización criminal (art. 140.1. 3ª). También en los Delitos contra la Corona (art. 485.1); Delitos contra el Derecho de Gentes; Delitos de genocidio (art. 607) y Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis 2.1).

La prisión permanente será revisable siempre y cuando el reo tenga acreditada su reinserción y condicionada a la no comisión de nuevos hechos delictivos.

Suspensión y sustitución de las penas:

Con la modificación de este apartado de la Ley se pretende dotar a la misma de mayor flexibilidad y es por ello por lo que se modifica el régimen de valoración del cumplimiento de la responsabilidad civil a los efectos de conceder la suspensión condicional del cumplimiento de la pena. Queda también modificada la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

Los supuestos de concesión de libertad condicional se mantienen inalterados respecto a la legislación anterior, aunque se amplía su concesión para aquellos delincuentes primarios que hayan sido condenados a una pena corta de prisión.

El decomiso:

Éste instrumento pretende dotar de mayor eficacia a la recuperación de activos procedentes del delito. Si existieran fuertes indicios sobre la procedencia ilícita de los efectos podrán ser decomisados por jueces y tribunales. La figura será utilizada para delitos generadores de gran cantidad de ingresos.

Edad de consentimiento sexual:

Se incrementa la edad de consentimiento sexual a los 16 años. Toda relación de carácter sexual que tenga lugar con un menor de 16 será considerada delito a excepción de aquellas relaciones consentidas entre personas similares al menor tanto en edad como en grado de desarrollo y madurez.

Delitos contra el patrimonio:

Pretende dar respuesta a los supuestos de multireincidencia y criminalidad grave. Se suprime la falta de hurto y se crea un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. Los supuestos que antes eran considerados faltas ahora serán considerados delitos leves.

Para la apropiación indebida se identifican dos supuestos, cuando existe relación de confianza y cuando no la hay.

Delitos contra la propiedad intelectual:

Mediante la modificación de estos delitos se pretende proteger la creación artística y su desarrollo. El anterior Código Penal no contemplaba algunas conductas que con la era de Internet se han desarrollado rápidamente y que ahora se tipifican como delito.

Cancelación de antecedentes e indulto:

Se establece que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tiene derecho a obtener del ministerio de justicia la cancelación de sus antecedentes penales cuando hayan estado sin delinquir seis meses si la pena era leve; dos años si la pena no excedía de doce meses y por delitos imprudentes y tras para las demás penas menos graves inferiores a tres años; cinco para aquellas iguales o superiores a tres años y diez años para las graves.

Respecto al indulto, que actualmente tarda un año de media en ser resuelto, el Gobierno se comprometerá a remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos.

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