Las 9 prioridades del nuevo Ministro de Justicia que desmantelarán el legado de Gallardón

Este lunes el BOE publicó el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, “por el que se nombra ministro de Justicia a don Rafael Catalá Polo” de acuerdo a los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del presidente del Gobierno. Rafael Catalá Polo, juró ayer el cargo e hizo ver cuáles serán sus 9 prioridades como Ministro de Justicia, que parecen romper con la forma de gestionar la cartera de su predecesor, Alberto Ruíz Gallardón, desmantelando la reforma de la Justicia planeada:

1.- Ley de Tasas Judiciales:

Uno de los puntos más conflictivos durante todo el mandato del ex ministro fue la aprobación, en diciembre de 2012, de la Ley de Tasas Judiciales. En los dos años de vigencia de la Ley se han observado muchas carencias en la misma y sobre todo un malestar general de todos los operadores de la Justicia (Jueces y Magistrados, Secretarios Judiciales, Abogados y Procuradores). Se han llegado a recabar más de 170.000 firmas en contra de esta norma.

Catalá promete evaluar la situación actual de la norma, determinando si está siendo útil o si por el contrario sólo es una norma recaudatoria que sólo impide que los ciudadanos puedan defender sus intereses y derechos sin estar coaccionados. Una vez realizada esa labor de evaluación se procederá a ajustarla a la realidad de la misma o inclusive a cambiarla.

2º.- Ley de Justicia gratuita:

Suponemos que la modificación y mejora de la Ley de Justicia gratuita hace referencia también al proyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el por el Consejo de Ministros. Este proyecto burocratiza en exceso el servicio, generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectaría gravemente a algunas garantías constitucionales.

De momento, el Proyecto ya existente, supone un perjuicio al ciudadano al suprimir la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional; aumenta la burocracia y los plazos para su concesión; no existe igualdad entre los ciudadanos; impone límites a la libertad e independencia de los abogados y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido; se establece una sospecha hacia los ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.

3º.- Recuperar el diálogo:

Totalmente roto con el anterior Ministro, que se dedicó a dar patadas hacia delante durante su mandato, a pesar de que todos los estamentos de la Justicia española se manifestaron en contra de la mayor parte de las decisiones que adoptó y que en su mayoría eran tendentes a recaudar y a impedir el efectivo acceso a la Justicia de los españoles.

4º.- Mejora del Registro Civil:

El anterior Ministro había dirigido al Registro Civil hacia la privatización para la solución de sus problemas, funcionarios y juristas ya han manifestado a Catalá que rompa con esa línea dibujada por Gallardón. Esta tarea asumida por el nuevo ministro no es sencilla, pues tendrá que concluir el proceso de digitalización de los fondos del Registro Civil y modernizar los sistemas de información y gestión documental así como resolver los problemas de gestión que presenta dicho Registro, todo ello manteniendo su estructura pública.

A pesar de que existía un Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia entre los años 2009 a 2012, poco o nada se ha podido observar, más aún en el Registro Civil, donde en muchos casos las anotaciones se siguen realizando a mano.

Este plan preveía disminuir los tiempos de espera del ciudadano, aligerar los trámites más habituales y proporcionar, a corto plazo, un servicio más satisfactorio.

5º.- Revisión del Código Penal:

Este trabajo se realizó en su práctica totalidad durante el mandato de Gallardón. El mismo contempla una serie de medidas acordes con la realidad social del momento y que se pueden dividir en 10 puntos:

1. Nueva pena de prisión permanente revisable.

2. Piratería. Penado con hasta seis años de prisión, la retirada de los contenidos y, en determinadas circunstancias, el “bloqueo” de la página.

3. Administración desleal. En la lucha contra la corrupción, el Gobierno ha incluido algunas medidas en el nuevo Código Penal.

4. Cohecho trasnacional.

5, Soborno sin necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario.

6. Edad mínima de consentimiento sexual: quedará fijada en 16 años (actualmente está en los 13).

7. Continuidad delictiva: modifica las reglas de fijación de la pena en los supuestos de continuidad delictiva y de concurso de delitos.

8. Nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional.

9. Otros delitos: Fija una pena de hasta tres años de cárcel para los matrimonios forzosos, tipifica nuevos delitos como la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento o la manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control telemático. También endurece las sanciones penales en materia de lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil.

10. Endurece las penas máximas para los autores de incendios forestales especialmente graves, que alcanzan los seis años de cárcel, fija un límite de 1.000 euros para los hurtos y despenaliza la mayoría de las faltas aunque otras pasan a ser consideradas delitos leves.

6º.- Revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

El borrador del Código Procesal Penal, que otorga la instrucción a los fiscales, está guardado en un cajón y quedará pendiente, si acaso, para otra legislatura. Se trata de una medida que muchos ministros de Justicia han prometido al llegar al cargo pero a la que al final no han dado recorrido.

7º.- Aumentar las plazas de jueces y fiscales:

El ministro mencionó la “dotación de plazas de jueces y fiscales”, una de las reivindicaciones no atendidas de los últimos años de esos colectivos. Con ello tratará de dar solución a los jóvenes que salen de la Escuela Judicial sin destino.

8º.- Ley de servicios profesionales:

El anteproyecto de Ley de Colegio y Servicios Profesionales por el que reducirá la colegiación obligatoria en las 80 profesiones actuales a 38 cuando esté aprobada la nueva norma, según fuentes conocedoras del proyecto. La ley restringe la colegiación obligatoria a actividades legales, sanitarias y técnicas.

Entre las profesiones en las que se mantiene la colegiación obligatoria están los médicos, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, biólogos, físicos, químicos, geólogos, psicólogos, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, así como las ingenierías e ingenierías técnicas reguladas. Deja fuera a los abogados de empresa y los arquitectos e ingenieros, en régimen de dependencia laboral, que no firman proyectos ni dirijan obras ni su ejecución. Solo una ley estatal podrá crear obligaciones de colegiación.

Además, la cuota periódica sólo podrá destinarse al sostenimiento de las funciones públicas y servicios obligatorios del Colegio, estableciéndose un techo de 240 euros anuales

Desconocemos si el nuevo Ministro continuará por esta vía o se desmarcará de la misma.

9º.- Mejorar la Justicia electrónica:

Esta resulta una de las piedras angulares de la reforma de la Justicia, aunque realmente difícil de acometer, toda vez que la Administración y el funcionamiento de la Justicia continúa basándose enormemente en el soporte papel.

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