Modificaciones operadas en la Ley de Sociedades de Capital

NOTAS DE INTERES SOBRE LAS MODIFICACIONES OPERADAS EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, QUE AFECTAN A LAS SOCIEDADES NO COTIZADAS EN BOLSA:

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, aprobó la modificación de diversos artículos que afectan a la regulación del gobierno corporativo, diferenciando dos bloques significativos, el formado por las sociedades que cotizan en bolsa y las restantes sociedades. En este comentario vamos a centrarnos exclusivamente en la sociedades no cotizadas y diferenciar el estudio de tres aspectos de la misma, como son los estatutarios, los formales o de operativa y los procesales.

ESTATUTARIOS:

La posibilidad de control por parte de la junta de las decisiones del órgano de administración, podrá ser suprimida si consta expresamente en los estatutos sociales. (Art. 161).

La supresión del derecho de voto de los socios, respecto a los acuerdos en los que exista conflicto de intereses, existente solo para las sociedades limitadas, se extiende a todas las sociedades de capital, y se aclara que cuando se trate de autorizar la transmisión de acciones o participaciones, solo será aplicable la limitación citada, si las mismas están sujetas a restricción legal o estatuaria.

Y matiza que en las anónimas, esta prohibición para la libre transmisión o para la exclusión de la sociedad, solo será aplicable si está expresamente contemplada en los estatutos. (art. 190)

El derecho de información que por razones objetivas puede ser restringido a socios con participación menor a un 25 % del capital social, puede ser modificado en los estatutos fijando otro porcentaje siempre que sea superior al 5% (art. 197).

El derecho de impugnación de acuerdos se restringe a los socios que posean, individual o conjuntamente, al menos un 1% del capital, pero los estatutos podrán reducir dicho porcentaje. (Art. 206.1)

Los estatutos sociales no podrán contener dispensas para permitir a los administradores la realización de actividades que puedan incidir en competencia o permitan aprovechamientos contrarios al deber de lealtad que define la propia Ley, aunque puntualmente puedan ser dispensados por acuerdo de la Junta General, cuando se trate de permitir la competencia con la sociedad, de obtener alguna ventaja, o cualquier tipo de asistencia financiera, en otros casos podrá ser autorizado por el Consejo de administración siempre que se garantice la inocuidad para el patrimonio social (art. 230 LSC)

FORMALES O DE OPERATIVA:

Se adiciona entre las materias competencia de la Junta General la de “deliberar y acordar sobre la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter de esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado”.(art. 160)

Se extiende a las sociedades anónimas (antes solo regía para las limitadas), la posibilidad de que la Junta general pueda impartir instrucciones al Organo de administración, o exigir previa autorización de la Junta, para la adopción de acuerdos sobre determinados asuntos de gestión. Esta facultad podrá, no obstante ser excluida si se expresa claramente en los estatutos sociales. (por tanto habrá de tenerse en consideración a la hora de redactar los estatutos, o modificarlos, en su caso) (Art. 161)

Se amplía la potestad del órgano de administración de restringir informaciones o aclaraciones al socio, que ostente menos de un 25% del capital social (u otro porcentaje fijado en los estatutos, menor del 25% y mayor del 5%) cuando sea innecesaria para sus derechos, o existan razones objetivas para considerar que dicha información puede ser perjudicial para la sociedad (art. 197)

En la adopción de acuerdos en Junta General se incluye la exigencia de que deben ser votados separada e individualmente aquellos acuerdos que sean independientes, y se incluye en esta exigencia de individualización, la de nombramiento, ratificación, reelección y separación de cada administrador.

Igualmente ocurre con las modificaciones de artículos de los estatutos que deben ser votados individualmente cada artículo o grupo de artículos.

Los propios estatutos pueden contemplar la posible incorporación de otros temas que deban ser votados separadamente (art. 197 bis).

Para la adopción de acuerdos que modifiquen los estatutos sociales y aquellos contenidos en el artículo 194 LSC, en las sociedades Anónimas se incluye la posibilidad de su adopción por mayoría absoluta, cuando concurra a la Junta más del 50 % del capital social (art. 201)

Se introduce una nueva exigencia respecto al funcionamiento del Consejo de Administración estableciéndose la obligación de celebrar una reunión al trimestre. (art. 245.3)

En las cuentas anuales de las sociedades que no puedan presentar memoria abreviada, deberá incluirse dentro de INFORME DE GESTION, el periodo medio de pago a proveedores, y las medidas adoptadas para ajustarlo y no exceder el máximo legal, y respecto al resto de sociedades deberá detallarse en la memoria su periodo medio de pago a proveedores. (Art. 262 y disposición adicional 3ª)

PROCESALES

IMPUGNACION DE ACUERDOS

Se modifican las causas de impugnación de acuerdos sociales, y se hace en una doble vía, de una parte se amplían los conceptos que permiten la impugnación, añadiendo a aquellos contrarios a la Ley y los estatutos, los que sean contrarios al “reglamento de la Junta de la Sociedad” y se amplía el concepto de lesión del interés social, incluyendo en el mismo aquellos que sin causar un daño al patrimonio social, se impone por una mayoría en interés propio, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad.

Por otra parte se restringen dichas causas cuando se trate de infracciones procedimentales de la Junta, tanto en su convocatoria o constitución de la Junta (excepto las relativas al a forma y plazo de convocatoria, y las relativas a las reglas esenciales de constitución del órgano y de las mayorías necesarias); la incorrección o insuficiencia de la información solicitada por el socio (salvo que sea esencial para el ejercicio del derecho de voto); la participación de personas no legitimadas (salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución de órgano); y invalidez de algunos votos o cómputo erróneo (salvo que fueran determinantes para la obtención de la mayoría precisa).

Se excluye como causa de impugnación la vulneración del derecho a información del socio, solicitada durante la celebración de la Junta (art. 197.5)

Para que estos motivos ahora restringidos puedan tener acceso a la impugnación de acuerdos se introduce una novedad procesalconsistente en que se debe acreditar como cuestión de previo pronunciamiento, el carácter esencial o determinante de dicha infracción (Art. 204)

Cuando se trate de impugnación de acuerdos, en caso de existirconflicto de intereses distintos de los contenidos en el apartado 1 del artículo 190 LSC, en los que el voto favorable haya sido obtenido gracias a la concurrencia del voto del socio incurso en conflicto, aquel que impugne deberá acreditar la concurrencia del “conflicto de interés”, y en el supuesto de ser acuerdos relativos al nombramiento, cese, revocación y exigencia de responsabilidad a los administradores, el impugnante deberá acreditar el “perjuicio al interés social” (Art. 190)

Se suprime la diferenciación entre los acuerdo NULOS y ANULABLESque contenía el artículo 205 LSC, y se unifica el plazo de caducidad, que pasa a ser, para todos los casos, de un año, computados desde la fecha del acuerdo, o recepción de la copia (si el acuerdo ha sido adoptado por escrito), y si el acuerdo es inscrito el plazo comienza a computarse desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

Los acuerdos contrarios al orden Público no caducan, ni prescriben (art. 205).

Se restringe la legitimación para impugnar los acuerdos de las Junta Generales respecto a los socios, que solo podrán impugnarlos cuando ostenten al menos el 1% del capital social, salvo que se trate de acuerdos contrarios al Orden Público (los socios privados del derecho por no reunir el porcentaje de capital, podrán ejercitar, no obstante, el derecho a reclamar por el daño ocasionado). También se limita el derecho de impugnación por defectos de forma del acuerdo impugnado, respecto de aquellos socios que habiendo podido denunciar el defecto en su momento oportuno, no lo hicieran. (art. 206).

Está legitimado para instar el cese de los administradores cualquier socio cuando se constate la existencia del desarrollo de actividades competitivas a la sociedad cuando el riesgo de perjuicio a la sociedad haya devenido relevante. Esta acción podrá ejercitarse en el seno de la propia junta General (art. 230).

Se incluye en el artículo 232 que junto a la acción de impugnación, cesación o remoción de los administradores, se pueda ejercitar la acción de anulación de los actos y contratos suscritos por estos (art. 232).

Se legitima a los socios minoritarios que tengan porcentaje de participación suficiente para convocar la junta para entablar la acción de responsabilidad frente a los administradores, por no convocar la Junta para tratar sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad, y del mismo modo se les legitima para ejercer la acción social de responsabilidad, sin necesidad de someterlo a la previa decisión de la Junta, cuando se trate de la infracción del deber de lealtad. (Art. 239).

La acción de responsabilidad frente a los administradores, introduce una importante modificación al establecer la prescripción a los cuatro años, computados desde el día en que pudieron ejercitarse (Art. 241 bis).

La impugnación de acuerdos del Consejo de Administraciónpodrá ser ejercitada por cualquier administrador o por socios que ostentes más del 1% del capital social, en el plazo de 30 días desde su adopción, en el caso de administradores, o desde que tengan conocimiento de ello, en el caso de los socios, prescribiendo, en todo caso por el transcurso de un año (Art. 251)

DE LOS ADMINISTRADORES

REMUNERACION

Tal como indica el propio título de la Ley, la esencia de la misma es la regulación que afecta al estatuto de los administradores y los aspectos que afectan a su relación con la sociedad, especialmente a la regulación de sus obligaciones y los sistemas de remuneración.

La remuneración de los administradores tal como venía siendo regulado, debe estar contemplada en los estatutos, si bien se regulan los distintos aspectos remunerativos incluyendo límites al mismo.

De un parte, tal como viene siendo práctica habitual en las sociedades de capital, la Ley lo que hace es describir los sistemas remuneratorios, consistentes en asignación fija, dietas, participación en beneficios (limitados al 10 % en la sociedades Limitadas), remuneraciones variables o en acciones e indemnizaciones y sistemas de ahorro o previsión. Nada nuevo de lo que era práctica habitual, pero ahora descrito en el texto de la Ley.

Los importes máximos deben ser aprobados por la Junta General, guardando una proporcionalidad con la importancia de la sociedad, y los estándares de mercado y siempre orientados a la rentabilidad de la sociedad, y una vez fijado ese máximo serán los propios administradores los que lo distribuyan (art. 217, 218 y 219)

DEBERES

En cuanto a los deberes y obligaciones de los administradores, las modificaciones operadas en la Ley se limitan a completar las normas en blanco contenidas en la anterior legislación.

En cuanto al deber de diligencia les impone la obligación de una dedicación adecuada que asegure el control de la sociedad, adicionando el derecho de los administradores a recibir la información adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo actuar de buena fe, actuando sin interés personal en los asuntos objeto de decisión. (Art. 225 y 226).

El deber de lealtad es presidido por su actuación de buena fe, incorporando la obligación de indemnizar a la sociedad por el daño causado y la obligación de devolver lo obtenido por el enriquecimiento injusto que se produzca, en su caso.

El administrador debe ejercitar sus funciones para aquello que le han sido encomendadas, guardando secreto de las informaciones que obtenga por razón de su cargo y, sobre todo evitar incurrir en situaciones de conflicto de intereses, propias o de terceros vinculados con el administrador, especialmente las referidas a la realización de negocios con la propia sociedad, de las que deberá informar a la sociedad e incluirse en la memoria (salvo operaciones ordinarias y de escasa trascendencia), en las que utilice el nombre de la sociedad, o activos de la misma, así como aprovechar en beneficio propio o de terceros las oportunidades de negocio de la sociedad e incidir en competencia con la misma (art. 227, 228 y 229).

La responsabilidad de los administradores se regula tal como venía siéndolo en el anterior texto, si bien se incluye que esta responsabilidad exige la concurrencia de dolo o culpa, y se extiende, tal como venía siendo reconocido por la Jurisprudencia, a los administradores de hecho, incluyendo entre estos responsables, a falta de consejero delegado a las personas que tengan atribuidas funciones de alta dirección, con independencia de la denominación asignada a su puesto (art. 236).

Como hemos indicado anteriormente la acción prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse.

Referente a las delegaciones en el seno del órgano de administración su regulación se mantiene como en el anterior texto, si bien se introduce una importante modificación, consistente en la nueva obligación de regular la relación entre el consejo y el consejero delegado, mediante la suscripción de un contrato (que se unirá al acta de la reunión) que regule, principalmente el sistema retributivo, acorde con la política de retribuciones de la sociedad, que se acuerde y deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes, excluido el consejero delegado. (Art. 249).

Se crea un artículo 249 bis, para realizar un detalle de las facultades indelegables, entre las que se encuentran, además de las tradicionales, el control de las comisiones creadas, la determinación de la estrategia de la empresa, las dispensas al deber de lealtad, el nombramiento y cese de consejeros delegados y de directivos dependientes del consejo de Administración, las relativas a remuneración de los consejeros.

Leave Comment