Responsabilidad penal de la Persona Jurídica: Concepto y definición tras la sentencia TS de 16 de marzo de 2016

Según la escasa y reciente doctrina del Tribunal Supremo (la primera sentencia de febrero de 2016, cuenta con el voto particular en contra de cinco de sus componentes) la Persona Jurídica (PJ) será responsable penalmente por los delitos cometidos en su seno por las personas físicas integrantes, si no tiene instaurado un sistema de COMPLIANCE o guía de cumplimiento normativo.

Por el contrario la implementación de un sistema de COMPLIANCE se configurará (según esta doctrina reciente, avalada por la segunda sentencia, de marzo de 2016) como el elemento esencial para que no se den los elementos de tipo penal.

El primer elemento esencial a considerar a la hora de valorar la responsabilidad penal de la persona jurídica es el análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella (PJ) ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho como fuente de inspiración de la actuación de toda su estructura organizativa, e independiente de las personas físicas que la integran y que debe manifestarse en todo un catálogo de medidas concretas de vigilancia y control del comportamiento de los directivos y subordinados jerárquicos, establecidos fundamentalmente con la intención de evitar la comisión por parte de éstos, de los delitos que componen el catálogo de figuras delictivas de las que puede resultar condenada la Persona Jurídica.

La implantación de estos adecuados sistemas operará más como garantía de la INEXISTENCIA misma de la infracción, que como eximente o excusa absolutoria, tal como la califica la circular nº1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este sentido el TS entiende que considerarla como excusa absolutoria implica el previo reconocimiento de la existencia de una responsabilidad cuya punición se excluye por la correcta implantación de los mecanismos de control de cumplimiento normativo y comportamiento de los directivos, en tanto que resulta más acertada la teoría de la inexistencia de la infracción por haber adoptado adecuadamente el sistema de prevención.

La acusación tendrá que probar la existencia o inexistencia de los mecanismos de control y prevención, de manera que la inexistencia de los mismos y por tanto la absoluta ausencia de instrumentos para la prevención de delitos provoca que la comisión en el seno de la PJ, a cargo de una persona física, de un delito de los contemplados en el CP provoque la inmediata responsabilidad de la PJ. (así ya fue definido por la primera sentencia del TS de febrero de 2016).

Según la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de marzo de 2016, hay que hacer una clara diferenciación y consiste en aclarar y determinar que la responsabilidad penal de la persona jurídica no nace exclusivamente por la comisión de un delito por una persona física integrada en su seno, de la que podría defenderse justificando la existencia de la implantación de un programa de cumplimiento normativo adecuado, sino que éste es el presupuesto necesario para que pueda resultar penalmente responsable la persona jurídica si ocurre que, cuando se comete un delito por una persona física en su seno, esta PJ ha incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso, es decir que para que la PJ pueda resultar condenada por esta modalidad delictiva, es necesaria la existencia de la previa declaración como probado de un hecho delictivo propio, que es precisamente, ese incumplimiento antes comentado.

No estamos ante la aplicación de una eximente, estamos ante la definición del tipo y por tanto esa carga de la acusación probar que se dan los elementos del delito, no es carga de la defensa probar que concurre la circunstancia eximente o atenuante, en su caso, aunque le resulte conveniente su acreditación.

Resulta de extrema importancia que la PJ sea representada y defendida en juicio por alguien ajeno a cualquier posible conflicto de intereses procesales, sin intervención en el procedimiento (en su nombre) de quienes fueran a ser procesados por las mismas actuaciones (en cuanto personas físicas autoras del ilícito), de ahí la importancia de prever en el modelo de COMPLIANCE la designación de la persona física que represente a la PJ ante los Juzgados, que garantice poder seguir la estrategia más favorable para ella en todas sus posibilidades, incluida la de colaboración con las autoridades desde el inicio de la causa, lo que la puede hacer acreedora de acceder a las atenuantes del art. 31 quater CP.

Otro aspecto relevante a la hora de valorar las consecuencias de la imputación y condena de la PJ por no haber adoptado las medidas preventivas oportunas tendentes a evitar la comisión de ilícitos por parte de quienes la integran, es la aplicación de la pena de DISOLUCIÓN que procederá además de en los casos de multirreincidencia, en aquellos supuestos en que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, entendiendo que se produce tal utilización instrumental siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que la ilegal (art. 66 bis,b in fine CP), siendo susceptible de ser sustituida tal pena por la también prevista en el art. 33.7 g) CP de “intervención judicial de la persona jurídica”, por plazo máximo de cinco años, cuando con ello se trate de salvaguardar los intereses de los trabajadores o de los acreedores.

Finalmente queremos hacer una llamada a la imputabilidad de las personas jurídicas, pero sin olvidar lo anteriormente apuntado respecto a la necesidad de un hecho probado autónomo referido a la PJ, y para ello siguiendo a la circular nº1/2016 de la FGE, encontramos que se describen tres categorías de personas jurídicas:

1ª.- Las PJ que operan con normalidad en el mercado, que pueden ser penalmente imputables.

2ª.- Las PJ que desarrollan cierta actividad, pero en su mayor parte ilegal, que según las define el artículo 66 bis CP son aquellas utilizadas instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, cuando la actividad legal es menos relevante que la ilegal, que igualmente puede ser imputable.

3ª.- PJ cuyo carácter instrumental lo sea totalmente, sin otra clase de actividad legal, o meramente residual, que resulta ser inimputable por carecer de un sustrato material suficiente, dado que su finalidad exclusiva es la comisión del delito y en estos casos la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen colma el reproche punitivo de la conducta, pues estas PJ carecen del suficiente desarrollo organizativo contemplado en la regulación de los programas de cumplimiento normativo, si bien por aplicación del artículo 129 CP, la consideración de inimputable lleva acarreada, tal como indica la circular 1/2016 de la FGE la consecuencia de su disolución.