Soluciones que ofrece nuestro despacho para la evitación de subastas judiciales

En los procedimientos de ejecución y apremio la terminación natural es la celebración de SUBASTA, acto procesal en el que normalmente los bienes son adquiridos por una persona o profesional de las subastas a un precio normalmente irrisorio.

Esta situación provoca un triple efecto:

i) el deudor sale más empobrecido de lo que entró en el procedimiento judicial;

ii) el acreedor no recupera la totalidad de su crédito y;

iii) el adjudicatario suele hacer un buen negocio.Tenemos que estar de acuerdo en que ese no es el objetivo de la ejecución, cuyo fin primordial es que el acreedor recupere su crédito y el deudor quede liberado de su deuda económica a cambio de sus bienes.Para evitar esta situación existe un procedimiento regulado en la Ley procesal Civil, (LEC) al que nunca se acude, pero puede ayudar a solucionar esta situación que se nos antoja injusta.

Una vez embargados los bienes (muebles o inmuebles) y antes que se produzca la subasta, en los plazos señalados legalmente, podrán realizarse los bienes embargados, en la forma que convengan las partes e interesados (que tengan interés directo) y sea aprobada por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para evitar la ejecución por medio de subasta.

El valor de los bienes será el que ejecutante y ejecutado acuerden, o en su defecto el que resulte del avalúo que presente el perito tasador siempre que en los 5 días siguientes no se presente otra valoración razonada y aprobada por el LAJ.El convenio regulado en la LEC, se iniciará por solicitud al LAJ, por el ejecutante, ejecutado o persona con interés directo, el cual convocará una comparecencia si lo considera oportuno siempre que el ejecutante se muestre conforme, y a dicha comparecencia podrá presentarse a una persona que se ofrezca a adquirir los bienes por valor previsiblemente superior al que pueda obtenerse en la subasta judicial y preste caución suficiente.

También podrá acordarse que el bien se realice por persona especializada y conocedora del mercado, y tratándose de inmuebles siempre por un precio superior al 70% del valor que resulte de deducir del valor de tasación el importe de las cargas y derechos anteriores, salvo acuerdo de las partes.